Cámara de Diputados en México aprueba cambios a la prisión preventiva: ¿Qué delitos quedan fuera?

En un reciente cambio en la legislación mexicana, la Cámara de Diputados ha aprobado una reforma que modifica la lista de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, es decir, prisión sin derecho a fianza. Esta medida ha generado debate en la opinión pública y entre los expertos en derecho penal, pues representa un cambio significativo en el sistema judicial y el combate a ciertos delitos en México.

POLÍTICA

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11/14/20241 min read

¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que impone la prisión a un acusado, sin posibilidad de libertad bajo fianza, mientras se lleva a cabo su juicio. Esta herramienta ha sido usada en México para delitos graves, con el objetivo de evitar que los sospechosos puedan eludir la justicia o influir en el proceso judicial.

Los cambios aprobados

En la nueva reforma, se decidió excluir ciertos delitos que anteriormente estaban sujetos a prisión preventiva oficiosa, como el narcomenudeo y la defraudación fiscal. La exclusión de estos delitos busca asegurar que la prisión preventiva solo se aplique en casos donde exista un riesgo considerable de fuga o amenaza a la sociedad. Esta modificación responde a críticas de que esta medida era aplicada de manera desproporcionada en ciertos casos.

Reacciones y posibles efectos de la reforma

Este cambio en la prisión preventiva ha generado un intenso debate. Algunos expertos en justicia consideran que es un avance en la protección de derechos humanos, pues evitará la privación de libertad en casos donde no sea estrictamente necesaria. Sin embargo, sectores conservadores y grupos de seguridad han expresado su preocupación, argumentando que podría facilitar la impunidad en delitos relacionados con la delincuencia organizada y la corrupción.

El futuro de la reforma

Para que esta reforma entre en vigor, deberá pasar por un proceso legislativo que incluye la revisión en el Senado. Los efectos de estos cambios serán observados con atención, ya que podrían influir tanto en el índice de encarcelamientos como en la percepción pública de seguridad.

Con esta medida, México sigue la tendencia de algunos países que buscan hacer un uso más racional y justo de la prisión preventiva, equilibrando la protección de la sociedad y los derechos de los acusados.